El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez, anunció hoy que continuará con sus actividades al frente de la institución, después del intento del presidente Jimmy Morales de expulsarlo del país.

El comisionado, en un comunicado que supone su primer pronunciamiento tras esta polémica, agradeció a "las personas, asociaciones, autoridades indígenas, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales" por sus manifestaciones de apoyo y "solidaridad".

El martes pasado, la Corte de Constitucionalidad resolvió suspender definitivamente la orden presidencial de declarar non grato y por ende la expulsión del comisionado colombiano, por considerar que Morales no respetó varios preceptos constitucionales.

La decisión del máximo órgano jurisdiccional "impugna el acto del presidente" al entender que "actúa con ilegalidad", pues, según la resolución, "no cumplió con los preceptos constitucionales, específicamente el artículo 182 de la Constitución".

En este se indica que debía actuar con su gabinete o al menos con los ministros que llevan obligación en el tema, como la Cancillería, pero el presidente actuó unilateralmente y firmó él solo este decreto.

Morales se basaba además en el artículo 183, inciso p, de la Carta Magna, el cual indica que el presidente está facultado para "recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el exequátur a los cónsules", un precepto que el Constitucional concluyó que no procedía.

Finalmente, el amparo definitivo añadía que, según el artículo 12 del Convenio de Creación de la CICIG, del año 2007, el presidente Morales debía llegar a un acuerdo con Naciones Unidas para solventar cualquier tipo de controversia, como la supuesta injerencia que argumentó para expulsar al Velásquez del país.

Ante ello, Velásquez, que dijo que será respetuoso del Estado de Derecho y del marco jurídico guatemalteco, ratificó, "una vez más, su compromiso y convicción en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala" y, por ende, seguirá guiando la misión de la CICIG en el país, como lo ha hecho desde 2013.

La decisión del presidente ha generado una crisis institucional en el país, que lo ha llevado a buscar apoyo en diversos sectores, mientras, según ha avanzado el Gobierno a Acan-Efe, no se descarta ni se confirma la posibilidad de pensar en otras medidas contra el abogado colombiano.

EFE